Puede que el Estado del bienestar nunca haya existido o haya sido una ilusión, pero lo cierto es que a partir de las últimas décadas los gobiernos comienzan a asumir ciertos servicios sociales o garantías en beneficio de la población. El objetivo principal sería el de reducir la desigualdad social, y luego según en qué países, proveer de un empleo, facilitar el acceso a la vivienda y dotar de una sanidad, educación, justicia…públicas y gratuitas.
Hablaríamos de trance o contingencia si se pusiera en cuestión alguna de las anteriores mencionadas, de peligro si se debate más de una, de fatalidad si son varias, pero cuando son todas, es decir, pleno, entonces diríamos Partido Popular. Y es que se puede apuntalar con menor o mayor precisión, pero lo cierto es que desde que Ignacio Diego y el señor Rajoy aterrizaron por estos lares, todas esas políticas se están viendo disputadas. Utilizo este verbo para hacer alusión a un símil futbolístico en el cual un equipo estaría conformado por las capas sociales de nivel bajo y medio de ingresos. En frente, se encontrarían todas aquellas personas con niveles adquisitivos medio-altos y altos, los cuales tienen una ventaja inicial, ya que el árbitro, encarnado por el gobierno regional y estado, está a favor de ellos. ¿Por qué?
Pues bien, como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Se nos presenta un escenario en el cual nosotros, ciudadanos, somos los actores de una función en la que tenemos por decorado principal el paro. Son ya casi 50.000 personas desempleadas, que no paradas, en nuestra autonomía, doblando la tasa media estatal de crecimiento en el último trimestre. 8000 jóvenes han tenido que salir de Cantabria para evitar este problema endémico que supone encontrarse sin un trabajo. Tras 8 meses en el ejecutivo, el señor Diego aún no ha sido capaz de tomar una sola medida en pro de crear puestos de trabajos, invocando al señor Rajoy para tratar de que le resuelva la papeleta como buenamente pueda y salvar su incapacidad y la de sus correligionarios. Cantabria pasa de situarse de entre las cuatro comunidades con menor tasa de desempleo, a ser la que a mayor ritmo incrementa.
En materia de vivienda, además de suprimir la ayuda a la emancipación para menores de treinta años, recientemente nos informan de que la construcción de VPO en La Remonta ya no es un objetivo. En justicia, se pone precio a la segunda instancia, otorgando así mayor cobertura legal a los más pudientes. No será de extrañar ver a personas cruzar los dedos o encomendándose a la diosa fortuna como si de un juego de azar se tratase.
La educación tampoco es excepción. Cada vez se destinan menores partidas presupuestarias a la instrucción, llegando hasta tal punto de que en muchos centros de Cantabria, las calefacciones se encuentran apagadas ante la falta de liquidez. No son hechos aislados, se tratan de varios casos y es de conocimiento público, ya que varios educadores y sindicatos lo han denunciado. Puede que algunos lo entiendan como un “mal menor”, pero el derecho a la educación es tan sumamente importante, que no se debe de entender como un gasto, sino como una inversión generadora de capital humano. Esperemos que el consejero Miguel Ángel Serna se pronuncie al respecto.
Todos somos conscientes de que la situación que vivimos es complicada, nos piden esfuerzos comunes. Por ello, marcan la subida del IRPF para intentar sanear las arcas públicas que tan debilitadas dicen que se encuentran. Lo que no nos explican es que del total de la deuda, tres cuartas partes provienen de las Comunidades Autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, como por ejemplo la valenciana, con unos 5.000 millones de agujero. En el otro lado de la balanza encontramos al Gobierno cántabro, quien ajeno a esta realidad, decide suprimir el impuesto a las donaciones y sucesiones superiores a 360.000€. Realmente, resulta grotesco que mientras nos piden esos sacrificios, se tome una medida tan impopular, beneficiando enormemente a los que más tienen, emulando la segregación medieval de entre privilegiados y no privilegiados.
Quería dejar para el final la política sanitaria, ya que considero que junto con la educación, obviamente acompañados de un trabajo, son temas capitales. En la cúspide de la pirámide poblacional, nuestros mayores se ven desamparados, ya que como es sabido, la ley de dependencia deja de existir para nuevos casos de incapacidad, es decir se suprime. Con ello, además de dejar de crear empleo, supone que todos los trabajadores del sector sufran un ERE permanente, puesto que con el paso del tiempo tienen menos dependientes que atender, lo que producirá la destrucción de varios miles de empleos a nivel estatal.
Fijando la vista en nuestra comunidad, el señor Diego junto a la vicepresidenta del gobierno cántabro y consejera de sanidad, la señora Buruaga, días antes de las elecciones generales, poco les faltaba para jurar que no iban a implantar medidas como el céntimo sanitario. Aseguraban con rotundidad que tal sería un re-pago en vez de co-pago, y por ello lo rechazaban. Pues bien, se conoce que pasadas las elecciones, ese compromiso con los cántabros se ha diluido y ya se plantea que en las próximas semanas el céntimo sanitario sea una realidad. Además, estudios revelan que esta iniciativa es un arma de doble filo, ya que por un lado, supone un ahorro a corto plazo que reduciría la demanda de asistencia sanitaria por el coste adicional de ir a una consulta médica. Sin embargo, por otro lado, conlleva a medio-largo plazo un incremento brutal en el coste sanitario, debido a que las afecciones se cronificarán al dejar de ir muchos usuarios por no desembolsar cantidad alguna. Éstos mismos, acabarán asistiendo a urgencias, resultando esta atención médica, infinitamente más costosa que cualquier otra en el médico de cabecera.
Sólo se han necesitado ocho meses en Cantabria y apenas dos en el estado para arremeter contra las capas sociales más susceptibles de cambios. Cada uno que se las arregle como pueda dirán. Esta es la España que nos deja Zapatero…
Hablaríamos de trance o contingencia si se pusiera en cuestión alguna de las anteriores mencionadas, de peligro si se debate más de una, de fatalidad si son varias, pero cuando son todas, es decir, pleno, entonces diríamos Partido Popular. Y es que se puede apuntalar con menor o mayor precisión, pero lo cierto es que desde que Ignacio Diego y el señor Rajoy aterrizaron por estos lares, todas esas políticas se están viendo disputadas. Utilizo este verbo para hacer alusión a un símil futbolístico en el cual un equipo estaría conformado por las capas sociales de nivel bajo y medio de ingresos. En frente, se encontrarían todas aquellas personas con niveles adquisitivos medio-altos y altos, los cuales tienen una ventaja inicial, ya que el árbitro, encarnado por el gobierno regional y estado, está a favor de ellos. ¿Por qué?
Pues bien, como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Se nos presenta un escenario en el cual nosotros, ciudadanos, somos los actores de una función en la que tenemos por decorado principal el paro. Son ya casi 50.000 personas desempleadas, que no paradas, en nuestra autonomía, doblando la tasa media estatal de crecimiento en el último trimestre. 8000 jóvenes han tenido que salir de Cantabria para evitar este problema endémico que supone encontrarse sin un trabajo. Tras 8 meses en el ejecutivo, el señor Diego aún no ha sido capaz de tomar una sola medida en pro de crear puestos de trabajos, invocando al señor Rajoy para tratar de que le resuelva la papeleta como buenamente pueda y salvar su incapacidad y la de sus correligionarios. Cantabria pasa de situarse de entre las cuatro comunidades con menor tasa de desempleo, a ser la que a mayor ritmo incrementa.
En materia de vivienda, además de suprimir la ayuda a la emancipación para menores de treinta años, recientemente nos informan de que la construcción de VPO en La Remonta ya no es un objetivo. En justicia, se pone precio a la segunda instancia, otorgando así mayor cobertura legal a los más pudientes. No será de extrañar ver a personas cruzar los dedos o encomendándose a la diosa fortuna como si de un juego de azar se tratase.
La educación tampoco es excepción. Cada vez se destinan menores partidas presupuestarias a la instrucción, llegando hasta tal punto de que en muchos centros de Cantabria, las calefacciones se encuentran apagadas ante la falta de liquidez. No son hechos aislados, se tratan de varios casos y es de conocimiento público, ya que varios educadores y sindicatos lo han denunciado. Puede que algunos lo entiendan como un “mal menor”, pero el derecho a la educación es tan sumamente importante, que no se debe de entender como un gasto, sino como una inversión generadora de capital humano. Esperemos que el consejero Miguel Ángel Serna se pronuncie al respecto.
Todos somos conscientes de que la situación que vivimos es complicada, nos piden esfuerzos comunes. Por ello, marcan la subida del IRPF para intentar sanear las arcas públicas que tan debilitadas dicen que se encuentran. Lo que no nos explican es que del total de la deuda, tres cuartas partes provienen de las Comunidades Autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, como por ejemplo la valenciana, con unos 5.000 millones de agujero. En el otro lado de la balanza encontramos al Gobierno cántabro, quien ajeno a esta realidad, decide suprimir el impuesto a las donaciones y sucesiones superiores a 360.000€. Realmente, resulta grotesco que mientras nos piden esos sacrificios, se tome una medida tan impopular, beneficiando enormemente a los que más tienen, emulando la segregación medieval de entre privilegiados y no privilegiados.
Quería dejar para el final la política sanitaria, ya que considero que junto con la educación, obviamente acompañados de un trabajo, son temas capitales. En la cúspide de la pirámide poblacional, nuestros mayores se ven desamparados, ya que como es sabido, la ley de dependencia deja de existir para nuevos casos de incapacidad, es decir se suprime. Con ello, además de dejar de crear empleo, supone que todos los trabajadores del sector sufran un ERE permanente, puesto que con el paso del tiempo tienen menos dependientes que atender, lo que producirá la destrucción de varios miles de empleos a nivel estatal.
Fijando la vista en nuestra comunidad, el señor Diego junto a la vicepresidenta del gobierno cántabro y consejera de sanidad, la señora Buruaga, días antes de las elecciones generales, poco les faltaba para jurar que no iban a implantar medidas como el céntimo sanitario. Aseguraban con rotundidad que tal sería un re-pago en vez de co-pago, y por ello lo rechazaban. Pues bien, se conoce que pasadas las elecciones, ese compromiso con los cántabros se ha diluido y ya se plantea que en las próximas semanas el céntimo sanitario sea una realidad. Además, estudios revelan que esta iniciativa es un arma de doble filo, ya que por un lado, supone un ahorro a corto plazo que reduciría la demanda de asistencia sanitaria por el coste adicional de ir a una consulta médica. Sin embargo, por otro lado, conlleva a medio-largo plazo un incremento brutal en el coste sanitario, debido a que las afecciones se cronificarán al dejar de ir muchos usuarios por no desembolsar cantidad alguna. Éstos mismos, acabarán asistiendo a urgencias, resultando esta atención médica, infinitamente más costosa que cualquier otra en el médico de cabecera.
Sólo se han necesitado ocho meses en Cantabria y apenas dos en el estado para arremeter contra las capas sociales más susceptibles de cambios. Cada uno que se las arregle como pueda dirán. Esta es la España que nos deja Zapatero…
